La Sala III dio la razón a Coopesalud en cuanto a los errores procesales del Fiscal General, Carlo Díaz, quien pretendía llevar la investigación contra la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel en el mismo expediente de la denuncia contra la adjudicación de contratos de servicios de salud a cooperativas y una asociación.
Coopesalud R.L había señalado la necesidad de que el Ministerio Público separara la causa contra Esquivel, pues al tener inmunidad tras su nombramiento como Ministra de Planificación, su proceso se vuelve más engorroso.
Para la cooperativa es imperante que el proceso no sufra más retrasos, pues hay un convencimiento pleno sobre la falsedad de la denuncia, basada en interpretaciones erróneas hechas funcionarios de la Caja y un Área de Contabilidad de Costos cuyas malas decisiones ya le han costado a la Institución más de ¢1500 millones en condenas.
Los magistrados consideraron que la solicitud de llevar las denuncias contra las cooperativas en el mismo expediente que la expresidenta de la Caja, implicaba una inducción al prevaricato por parte del fiscal general, al no cumplir lo señalado en el artículo 400 del Código Procesal Penal, tal y como el equipo jurídico de Coopesalud había advertido.
“Existe un mandato legal expreso que, ineludiblemente impone la obligación de separar la causa”, señalaron los magistrados en respuesta a una solicitud de investigación contra Esquivel.
“Como consecuencia de esta determinación, se abrieron dos expedientes: uno para Esquivel y otro para dar continuidad a la investigación lo que representa un severo llamado de atención al señor Fiscal, quien estaba induciendo a los magistrados a actuar contra derecho”, opinó el abogado de Coopesalud, Sergio Castillo.
