Por Ovidio Vargas.
El presidente del Directorio Legislativo, Rodrigo Arias, afirmó que le pedirá una posición a la Procuraduría General de la República (PGR), sobre como avanzar en el caso del diputado de su partido, Gilberth Jiménez, a quién la Contraloría pide una suspensión.
Esta suspensión fue una petición hecha por faltas de Jiménez a la norma de control y fiscalización de la Hacienda Pública, cuando fungía como alcalde en la Municipalidad de Desamparados.
Luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones se declara incapaz de ejecutar la suspensión (por un posible violación a la separación de poderes), la bola quedó en los pies de los diputados, quienes no cuentan con un marco de ley para sancionar en casos de faltas a deberes de probidad.
Por esta razón, Arias ve prudente que se realice la consulta al abogado del Estado.
“Yo autoricé que se abriera el expediente correspondiente, ya es un documento público y sobre el estamos analizando las diferentes opciones legales que existen al respecto, debo decir que una de ellas es hacer una consulta a la Procuraduría General de la República”, manifestó el dos veces ministro de la Presidencia durante las administraciones Arias-Sánchez.
El reglamento legislativo dice que se deberá de crear una comisión con tres diputados quienes investigarán el caso y harán un informe, para luego aconsejar al Plenario Legislativo qué hacer.
No obstante también está la duda de que si le toca a los congresistas sancionar al diputado por un hecho que hizo como alcalde.
Gilberth Jiménez fue enfático en sostener que nunca ha sido un funcionario público sancionado.
“nunca he sido un funcionario sancionado o acusado, más bien siempre he sido un funcionario vehemente y eficiente que he luchado por la acción y mayor eficiencia; y por eso realmente me sorprende”, dijo Jiménez.
El liberacionista aduce que la sanción se debe a la insistencia de un vecino, quien hizo dos reclamos desestimados en la municipalidad por una supuesta construcción sin permisos; a la tercera fue la vencida. El caso llegó a Concejo y este lo remitió a la CGR, la cual dictó un castigo contra el entonces alcalde de Desamparados.
De esta manera se mantiene en suspenso, la posible sanción hacia el diputado liberacionista por 25 días sin goce de salario. Las diferentes formas de atender el tema por parte de los legisladores genera que no exista un fecha exacta para esclarecer el proceso legal contra Jiménez.
