*Por Enrique Sánchez Carballo.
El debate nacional sobre los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas está cargado de apreciaciones inexactas que ignoran las iniciativas y los resultados concretos del Gobierno en la materia.
La afirmación de que “el Gobierno no ha hecho nada” pasa por alto que los esfuerzos realizados en reducción y eficiencia de gastos lograron contener el déficit fiscal en 6,9% del PIB, evitando que superara más de un 8%.
La administración del presidente Carlos Alvarado Quesada actuó desde el inicio en esta dirección. Se emitieron tres decretos para generar ahorros y contener el gasto al autorizar a las instituciones a financiar gastos operativos con recursos del superávit libre en 2018 y 2019, se concretaron reformas para reducir el incentivo de la dedicación exclusiva, y se fijaron limitaciones a las reestructuraciones, para que no implicaran nuevos gastos.
También se elaboraron siete directrices entre las que se definió el crecimiento de 0% del presupuesto 2019, la reducción de las plazas vacantes de un 50% a un 25%, recortes de un 20 a un 50% en subpartidas presupuestarias, limitaciones para el pago de horas extra, y la renegociación de las convenciones colectivas.
Con esta vocación, se logró reducir en un 0,27% el gasto total en el primer trimestre del 2020, como parte del déficit primario más bajo de los últimos diez años.
Además, la aprobación de la Ley 9635, y específicamente de sus capítulos sobre regla fiscal y contención del gasto, demostraron el compromiso que el Gobierno y la Asamblea Legislativa comparten en este tema, y que permitieron un crecimiento de solo un 2,45% en las remuneraciones del sector público en marzo de 2020: el más bajo de los últimos 13 años.
Pandemia obliga a ejercicio responsable
Producto de los desafíos generados por el COVID19 que afecta a todo el mundo, el Gobierno renovó su esfuerzo por la contención del gasto, combinándolo con el deber de financiar iniciativas para apoyar a las personas en condición vulnerable, y la obligación de mantener los recursos necesarios para la operación de las instituciones y la prestación de servicios esenciales.
El Primer Presupuesto Extraordinario de la República de 2020 aplicó recortes por más ₡73 mil millones, en subpartidas de gasto operativo. En una dirección similar se presentó a la Asamblea Legislativa el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, que de haber sido aprobado por las y los diputados, habría recortado más de ₡12 mil millones y habría rebajado ₡50 mil millones en la partida de intereses sobre títulos valores internos a largo plazo. Este rechazo legislativo no solo evita aplicar los ahorros señalados, si no que le impide al Poder Ejecutivo destinar ₡75 mil millones de recursos para atender las nuevas solicitudes del Bono Proteger, y trasladar ₡34 mil millones a la Caja Costarricense del Seguro Social.
A estos ajustes presupuestarios sometidos a la voluntad de la Asamblea Legislativa, se suman al menos cuatro iniciativas de interés: la reforma a la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos, conocida como PAGAR, que busca frenar el crecimiento de la deuda estatal mediante el uso del superávit de instituciones autónomas, fondos y dependencias para el pago del servicio de la deuda del Estado, por un monto que corresponde al 0,6% del PIB; el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, cuya aprobación permitiría un ahorro promedio anual de ₡70 mil millones; la iniciativa de ley que pretende eliminar el pago de anualidades para las personas servidoras del sector público hasta 2022; y el texto que pretende la grabación con renta de los salarios escolares superiores a ₡840 mil.
Un camino conjunto
Este breve recuento evidencia la voluntad del Gobierno de mejorar las finanzas públicas mediante el recorte de gastos, sin olvidar que esta ruta debe incluir acciones directas y contundentes sobre la evasión, y la necesidad de cambiar deuda cara por deuda barata; ámbitos en los que también se requiere del concurso de la Asamblea Legislativa.
Enfrentar esta crisis requiere de las y los diputados un uso ponderado de nuestras prerrogativas políticas y el compromiso permanente de colocar a la cabeza de nuestras agendas la protección de las personas y las familias más vulnerables.
Confío en que en los próximos días logremos construir un clima que permita llevar certeza a más de un millón de costarricenses que requieren el Bono Proteger, y que prevalezca en toda la sociedad un sentido de unión y responsabilidad que faciliten la construcción de los concesos necesarios para enfrentar los desafíos a la actividad productiva y convivencia democrática que impone la atención sanitaria de la pandemia en nuestro país.
