Aarón Chinchilla. – Luego de una serie de sesiones con 159 organizaciones sociales, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (BP) presentó los resultados de sus mesas de diálogo multisectoriales, en donde se recomienda, entre varios puntos, una contribución solidaria de las cooperativas al fisco, además de la implementación de la política de economía social solidaria (ESS), impulsada por el Gobierno y heredada de Luis Guillermo Solís y el exdiputado Víctor Morales Zapata.
Este martes, con la presencia del Presidente de la República, Carlos Alvarado, la Asamblea del BP presentó el documento de 10 páginas que contiene los acuerdos de las mesas multisectoriales que se desarrollaron durante el mes de noviembre y entre los acuerdos, en materia fiscal, destaca un “aporte voluntario y temporal por parte del sector cooperativo, solidarista, Caja de Ande y Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional”, a la hacienda pública.
Esto, a pesar que ya las cooperativas contribuyen a las finanzas públicas.
Del mismo modo, se solicita que se promuevan medidas que revisen las exoneraciones e impuestos menores (según una relación costo/beneficio), además que, en los próximos seis meses, se realice una revisión de las transferencias, destinos específicos y asignaciones presupuestarias (esto, según criterios de efectividad y pertinencia).
Adicionalmente, se insta que el sistema financiero público y el creado por ley especial así como las cooperativas de ahorro y crédito asuman un papel protagónico en la reactivación económica: ajustando tasas de interés, plazos, indicadores de riesgo y toda la normativa necesaria para “contribuir eficazmente en la reactivación económica que tanto le urge al país y detener la caída en picada que existe en empleo y aumento de informalidad”.
Además de lo anterior, se debe propiciar un diálogo con la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para que esta entidad regulatoria avale los mecanismos que contribuyan eficazmente a la reactivación económica del país.
ESS. En el campo de desarrollo social, la Asamblea insta al Poder Ejecutivo a reconocer e impulsar la Economía Social Solidaria, como “motor económico, para el desarrollo sostenible local con enfoque territorial”, como alternativa factible y pertinente, de reactivación económica, ante las urgencias y situación de las poblaciones que viven en los mismos, con la característica central de que las mismas sean sujetos económicos y protagonistas activos de esta revitalización de la economía, sin demérito de otras alternativas.
Del mismo modo, se hace el llamado a impulsar el cumplimiento de la Política Nacional de Economía Social Solidaria.
Esto, a pesar que dicha política plantea cambios estructurales en organizaciones y empresas contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 39835 MP-MTSS, mismo que ya «Declara de interés público y nacional el Fomento, Creación, Desarrollo y Formalización de los Grupos, Organizaciones y Empresas de la Economía Social Solidaria» y que serían: Sociedades Civiles, Asociaciones Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, Asociaciones sin fines de lucro (conocidas como Asociaciones 218), Asociaciones de Desarrollo Integral, Centros Agrícolas Cantonales, Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS), Fundaciones y Sociedades Anónimas Laborales.
El proyecto de esta política pública surgió desde el seno del Poder Ejecutivo (heredado del expresidente Luis Guillermo Solís y diputado Víctor Morales Zapata) en asociación con las instituciones que a criterio del Gobierno «poseen responsabilidades en el marco de la Política Nacional de Economía Social Solidaria, a saber: COMEX, MAG, MEIC,
MIDEPLAN, MEP, INDER, IFAM, INFOCOOP, DINADECO, CNP, INA, IMAS y SBD, universidades estatales, bancos estatales y bancos públicos no estatales y gobiernos locales».
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