El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa un plan de ley para aprobar un crédito con el fin de crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia del COVID-19.
Con un capital del $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el fondo “facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por
la emergencia del COVID-19”.
“El fondo de avales es un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el
crédito, proteger el empleo y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas, en mejores condiciones de tasas de interés y plazos”, explicó María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación.
El anuncio del plan de ley vino de la mano de anuncios de recorte al salario de ministros y presidentes ejecutivos así como de una propuesta de rebaja del 15% en el salario de los empleados públicos que ganen más de ¢1,5 millones al mes.
Las presiones económicas que vive la economía costarricenses desde antes de la pandemia, se han disparado luego de las restricciones a las actividades productivas para tratar de frenar el contagio del Covid-19, lo que ha llevado el desempleo a un 24% en el país, es decir, que la falta de trabajo afecta a cerca de 520.000 personas, de acuerdo a datos del INEC.
Salvavidas.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que el plan les “ayudará a llevar el crédito a quienes más lo necesitan, será un mecanismo de gran importancia en la lucha contra el desempleo y una luz de esperanza para miles de pequeñas y medianas empresas costarricenses que hoy buscan su estabilidad financiera en medio de la pandemia”.
En una nota de prensa, el Gobierno detalló que las empresas beneficiarias de estos avales o garantías deberán demostrar haber sido afectadas por el Covid-19 “y comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar los empleos perdidos por la pandemia en el menor plazo posible”.
“Suponiendo, conservadoramente, que las actividades productivas tengan una pérdida esperada del 10% por efecto de la pandemia, con $300 millones se podrían avalar $3.000 millones en créditos; y con ello atender en promedio unas 18.000 empresas”, explicó Garrido.
