Por Ovidio Vargas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad solicitó un sobreseimiento definitivo para Rosyrenen Rodríguez quien hab[ia sido acusada por presunto peculado, en un montaje judicial que pretendía construir prueba en contra de las autoridades cooperativas del Infocoop previo a la intervención del Gobierno de Luis Guillermo Solís.
A Rodríguez se le acusó con base en denuncias anónimas, de ser la supuesta testaferro en una serie de maniobras que se acusaron entre 2016 y 2017 con el fin de justificar una intervención política del Infocoop.
A la dirigente cooperativista, que fungió como representante de la organización Onward Costa Rica, se le detuvo en la primera serie de allanamientos hechos contra el Infocoop y otras cooperativas en marzo del 2017.
Se le acusó, con base en rumores, de haberse asociado con personas del sector cooperativo, tanto de Infocoop, CPCA y Conacoop para obtener fondos ilícitos, lo cual no pudo probarse.
En detalle, la Fiscalía debió echar atrás, y ahora descarta que Onward haya realizado capacitaciones con la pretensión de sustraer fondos públicos.
Según lo apunta el periódico Diario Extra, el mismo fiscal que hace cuatro años lideró la causa en la que se acusaba al movimiento cooperativo de una supuesta red criminal, Randy Hernández, fue quien pidió que se desestimara la causa contra Rodríguez.
Posterior a la investigación realizada por el OIJ, solo se encontró una finca de valor fiscal de ¢15.000, un terreno de ¢864.000 y un carro de ¢5,1 millones de colones.
De esta manera, se desestima la conexión del cooperativista Freddy Gonzales que existía de presunta corrupción durante la intervención al Infocoop, en el que se le incriminaba de utilizar a Rodríguez de testaferro para asignar recursos de manera ilegal.
Sobre el caso Infocoop, cabe destacar que el Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado y a la Contraloría a anular las resoluciones emitidas durante la intervención a la entidad ya que las mimas se decretaron bajo criterios subjetivos.
En la intervención al Infocoop se dieron una serie de allanamientos y acusaciones anónimas, junto a señalamientos de supuesta corrupción, ninguno ha prosperado y fueron considerados como “faltas graves”, por parte de los interventores del Gobierno.
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Según la sentencia de la Fiscalía “la prueba recabada, permite al Ministerio Público descartar que la investigada Rosyrenen Rodríguez sostuviera un vínculo con los hechos y las personas que se investigan”.
En la misma se añade que “en virtud de que la prueba recopilada en la presente investigación no ha sido suficiente para superar el estado de la duda y, por lo tanto, derribar el estado de inocencia que es garantía de todas las personas imputadas en un proceso penal”.
“Jamás pensé que tanta maldad podría motivar a un grupo de personas en conflicto a mentir sin ningún reparo, ni prueba alguna. Se pudo establecer en la investigación que la fiscalía fue inducida a error, y que los testigos que mintieron en esta causa formaban parte de un movimiento cooperativo en pugna y que habían sido removidos de sus cargos por actuación contrarias a la Ley” detalló Rosyrenen Rodríguez a Diario Extra.
En el marco de la intervención a Infocoop el año pasado y ante los casos desestimados por el Tribunal Contencioso Administrativo, se reprendió al órgano contralor y al Estado, ya que el accionar de ambos entes representan una “abierta violación a los principios de la averiguación real de los hechos, aplicación de criterios de la sana critica, derecho de defensa, y el dimensionamiento de la responsabilidad de los accionantes”.
