*Por Patricia Villegas Álvarez
La democracia es un proceso en construcción permanente y su principal instrumento es el diálogo. Costa Rica es hija predilecta del intercambio de opiniones en ambiente de paz.
La administración Alvarado Quesada presentó al país, una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que recibió el rechazo unánime.
A raíz de la proposición gubernamental la sociedad se fragmentó. Una fuerza de costarricenses se impuso, en posiciones de bloqueo y resistencia que se apoderó de varias carreteras.
El gobierno tomó la decisión de ignorar a sus líderes. No abrió canales de conversación y más bien, elaboró un discurso que promovió la división del país. La partición se presenta entre los que apoyan la institucionalidad y quienes están fuera de legitimidad.
El Presidente Alvarado con el acompañamiento del Presidente de la Asamblea Legislativa convocó un diálogo en otra latitud política. Según este mecanismo, no participarían los actores políticos sin legitimidad del gobierno. Solo un pequeño número de invitados irían a este conversatorio. De no llegarse a entendimientos, el gobierno asumía la facultad de decidir y tomar los acuerdos.
Si ésta fuera una obra de teatro, tendría por título: “En dos pasos de la democracia al autoritarismo”.
Por supuesto que ésta hoja de ruta no tuvo en cuenta la realidad. Nació y murió la misma semana.
Paralelamente la Asamblea Nacional de Trabajadores del Banco Popular integró un mesa abierta al diálogo, con el acompañamiento de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Esta actuación no recibió el respaldo del gobierno. Se ignoró.
Los empresarios buscaron la comunicación con el Movimiento Rescate Nacional que dice representar a los ciudadanos que bloquearon las carreteras. Estos firmaron un convenio para levantar los obstáculos que impedían el paso en diferentes puntos del país. Este compromiso se da en el marco de la resolución de la Sala Constitucional que obliga al Poder Ejecutivo a actuar en garantía del libre tránsito de los ciudadanos.
Los representantes de Rescate Nacional no cuentan con un interlocutor del gobierno. Fue cuando un grupo de diputados y diputadas nos dimos a la tarea de reunirnos con los representantes de ese movimiento para procurar encontrar canales de diálogo.
A partir de nuestra reunión, un par de diputadas presentaron una moción. No sabemos si la misma es de iniciativa propia o fue redactada desde Casa Presidencial para tratar de amedrentar nuestro accionar.
Es deleznable que las señoras que firman la moción, de alguna manera nos ataquen por cumplir con nuestra labor. Somos representantes del pueblo. El pueblo somos todos, pero especialmente los que no tienen voz. Cuando el Presidente de la República y sus ministros deciden que no se atiende a los costarricenses que integran el grupo Rescate Nacional acudimos como representantes populares para escuchar los planteamientos de los ciudadanos en discordia y, ver de qué manera podemos contribuir para que las aguas regresen a su cauce.
El artículo 112 de la Constitución Política instituye las incompatibilidades y prohibiciones del cargo de diputados de la República. En esa norma ni en ninguna otra se establece alguna limitación para atender a reuniones de ciudadanos en cualquier lugar del país. Tampoco excluye a personas por ninguna condición, leer el numeral 33 de la Carta Magna cuando dice: toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
En ese mismo texto constitucional, artículo 39 se fija la presunción de la inocencia de las personas. En tal condición acudimos a cumplir con nuestro deber. Sostuvimos un diálogo diáfano con los representantes de Rescate Nacional.
Me pregunto: ¿Desde cuándo una diputada tiene limitaciones para cumplir su labor? Quiere decir que las diputadas firmantes de la moción pretenden pasar por alto la Constitución Política y establecer límites a nuestras facultades como diputados y diputadas de la República. No señores y señoras. No es de recibo. Mucho cuidado con deshonrar a la Patria atropellando la Constitución y las leyes que juramos respetar.
Hemos procedido para evitar que la crisis crezca. Eso ocurre porque el Poder Ejecutivo evidencia un problema de vanidad, a la que debemos sumar a las firmantes de la moción.
En la Biblia, el término vanidad se expresa en forma exquisita y hace referencia a la necedad y la mentira, así como a la altanería y la arrogancia, y a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo.
*Diputada de la República y jefa de fracción del Partido Integración Nacional (PIN)
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