Por Ovidio Vargas.
El Plenario legislativo aprobó ampliar el plazo del expediente 21.824, cuyo fin es derogar los regímenes complementarios especiales complementarios; con ello dejar sin recursos a 165 familias vulnerables.
Con 39 votos y 6 en contra, se aprobó la moción para extender el plazo por dos meses.
El análisis e investigación que ha hecho la Comisión de Asuntos Sociales, donde se encuentra el proyecto, fue insuficiente, ya que a un expediente de tal calibre se le deben sumar los estudios actuariales para entender los alcances y riesgos del proyecto; según la presidenta de esta comisión Andrea Álvarez.
“Queríamos justificar todos los pasos que ha tomado la comisión con respecto a este proyecto de ley, y en este momento, lo que pasa es que no hemos recibido los estudios actuariales que son necesarios para tomar una decisión sólida y rigurosa. Ya hay jurisprudencia que señala que en los proyectos de pensiones, si no se cuenta con estudios técnicos, en este caso actuariales, no se puede legislar”, dijo Álvarez.
La diputada liberacionista añadió que si el estudio del órgano legislativo carecía de los análisis técnicos, este podría caerse por un pronunciamiento de la Sala Constitucional.
“Si legislamos, y seguimos adelante con este proyecto en el estado actual nos estamos exponiendo a que después se venga abajo en Sala Constitucional”, acotó la diputada.
De esta manera, se entiende que la extensión del plazo debe a una posible violación al marco jurídico del país, en el proceso para su aprobación.
Este proyecto deroga los regímenes de pensiones entre los que se encuentra el Fondo de Garantía y Jubilaciones del Banco Nacional de Costa Rica, el cual le garantiza el 50% de la pensión al conyugue de un trabajador que falleció (le da la mitad de la pensión a la viuda o viudo).
Así las cosas, existen 165 familias asociadas al fondo en las que un afiliado falleció con lo que el recorte de esta pensión dejaría vulnerable a su conyugue e hijos, quienes necesitan de ese ingreso.
Este fondo, se creó previo a que existiera un marco jurídico de las pensiones, en el que un 75% de los beneficiarios reciben una pensión menor al millón de colones; según los datos de la Asociación de Pensionados del Banco Nacional.
Esta entidad advierte que es uno de los pocos regímenes de pensiones que está saludable, y en el que los trabajadores aportan una cuota gruesa para su pensión.
“Para nuestra organización el fondo de pensiones sí representa parte del esquema de jubilación, pues a diferencia de otros regímenes, los funcionarios aportan activamente un alto porcentaje de su salario para este Fondo cada mes, manteniéndolo sano, siendo uno de los pocos que se encuentran en equilibrio en nuestro país”; se señala en un comunicado de la entidad.
De esta manera la subcomisión encargada de ver el proyecto de ley tendrá 60 días para enviar un dictamen que decida si el proyecto debe descartarse o seguir al Plenario.
