Diego Arce.- Diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pidieron a la contralora General, Marta Acosta, realizar una investigación de los precios que pagan las Juntas de Educación a clientes privados frente a lo que se paga a los productores cobijados por el Programa de Abastecimiento Institucional del CNP, antes de hablar de sobreprecios.
La contralora aceptó que no tenía elementos para determinar si existen o no sobreprecios, tal y como lo han señalado algunos empresarios y diputados que están en contra del programa, y que prefieren importar antes que comprar a los productores nacionales.
Además de la bancada oficialista, los diputados Dragos Dolanescu, José María Villalta, Walter Muñoz y Patricia Villegas firmaron la petición de investigación a la Contraloría.
Esta posición de Acosta generó malestar y preocupación entre los legisladores que cuestionaron a la contralora Acosta sobre su desconocimiento en cuanto a las diferencias de precios y análisis necesarios para determinar si hay o no sobreprecios tal y como lo acusan diputados como Pablo Heriberto Abarca del PUSC y Wagner Jiménez del PLN.
“Solicitamos formalmente una investigación a la Contraloría General de la República en tanto órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, sobre los precios pagados a los
proveedores privados de las Juntas de Educación, como insumo para la discusión del Expediente 21.424 “Modificación del Artículo N. 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Producción” indica el documento.
La investigación tiene objetivo verificar las condiciones básicas del servicio brindado por los proveedores privados a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP) que no son atendidos por el CNP en la actualidad.
En la comparecencia, Acosta aceptó que hay más de 30.000 productores que se verían afectados directamente si el CNP cierra el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), sin embargo no planteó ninguna alternativa para ellos.
Contraloría contra las cuerdas
Fundamentado en el segundo párrafo, del artículo 22, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dice: “Potestad de investigación. La Contraloría General de la República podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio, a petición de un sujeto pasivo o de cualquier interesado”.
Sumado a esto, se determina: “La Contraloría General de la República también deberá instruir sumarios o realizará investigaciones especiales, cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente al menos cinco diputados.”
Como parte de lo solicitado, se insta a que la muestra se realice para el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio del 2021 y que contemple al menos los siguientes 7 aspectos:
- Evaluar si la Administración del MEP encargada, realiza actividades periódicas para determinar la efectividad del servicio prestado por los proveedores privados a los comedores escolares y si efectivamente se satisface la cantidad de raciones con la pertinencia que se define en los presupuestos transferidos a las Juntas Administrativa; según los menús oficiales. Y, de presentarse desfases identificar las causas.
- Que se realice un análisis de los precios de una muestra de los principales productos suministrados por los proveedores privados de las Juntas de Educación, en concordancia con los menús oficiales que determina el MEP para los centros educativos, tomando como referencia los precios de esos mismos productos en supermercados locales y los precios que establece el CNP en su gestión de proveedor.
- Un análisis básico sobre la procedencia (nacional y/o importado) de los productos que se están suministrando por los proveedores privados a las Juntas de Educación.
- Un análisis de una muestra nacional de estos centros educativos atendidos por proveedores privados, que permita identificar el presupuesto efectivamente transferido por el MEP a dicho centro en relación a lo finalmente gastado.
- Un análisis de una muestra nacional de esos centros educativos para determinar tiempos de pago de la Junta Administrativa al proveedor privado que le atiende.
- Evaluar si los proveedores privados de las Juntas de Educación tienen y ejecutan procedimientos para la presentación y resolución de inconformidades y denuncias.
- Identificar qué mecanismos aplican las Juntas de educación atendidas por privados.
