De forma unánime la tarde de este miércoles los 39 diputados presentes aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 23800 que reforma la ley de opciones y naturalizaciones del país.
Es así como en caso de que una persona naturalizada esté vinculada con el tráfico de drogas o el lavado de dinero podría perder la nacionalidad costarricense.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias es uno de los proponentes del proyecto y destacó la importancia de su aprobación para que Costa Rica no sea un refugio para delincuentes que busquen no ser extraditados para enfrentar la justica de otras naciones.
Junto a él, Danny Vargas diputado de Liberación Nacional también lo propuso y destacó que este proyecto forma parte de la agenda de proyectos de ley en materia de inseguridad que se habían acordado impulsar.
“La seguridad del país es una prioridad fundamental para el Estado, y las autoridades están comprometidas en garantizar que el otorgamiento de la nacionalidad no se convierta en un vehículo para la impunidad. Estas acciones no solo disuaden a posibles delincuentes de intentar evadir la justicia, sino que también envían un mensaje claro de que Costa Rica no tolerará la presencia de individuos que puedan representar una amenaza para la paz y el bienestar de su ciudadanía”, dijo Vargas.
