Redacción.
La Comisión de la Mujer rechazó las mociones para sacar a las cooperativas y órganos sociales de los efectos del expediente 20.308, que plantea procesos disciplinarios de corte electoral y por encima de las leyes laborales.
El proyecto de ley pretende “prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, y aunque su principio es loable, a criterio del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Geovanny Villalobos Guzmán, “están metiendo a organizaciones sociales en asuntos electorales y no hay conexidad”.
El ámbito de aplicación de la ley está delimitado, entre otros, a las mujeres aspirantes o que ocupan cargos o puestos en alguna organización social, las cuales pueden ser sindicatos, organizaciones civiles, cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo comunal.
Al respecto, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), presidida por la cooperativista Grace Badilla, apunta que el plan de ley “no debe perder la perspectiva de que la discriminación en procesos políticos electorales también puede afectar a hombres, personas con discapacidad, con distinta orientación sexual o identidad de género”.
Asimismo, señala que el plan de ley “desnaturaliza los principios y valores cooperativos de igualdad, equidad y control democrático de sus asociados” al establecer un marco regulatorio diferente y especial para las mujeres, lo que oviamente, discrimina a cualquier otro grupo o género.
Tanto desde el Conacoop como desde Fedeac resienten la falta de consulta del texto sustitutivo que se aprobó en comisión y que ahora plantea un difícil margen de acción para enderezar el texto.
Al establecerse este ámbito de aplicación en función de los procesos electorales, la propuesta lleva al campo político el futuro de resoluciones de carácter técnico y de materia laboral, obligando a cada cooperativa a instaurar un órgano que juzgue los casos de acoso político.
Esta nueva burocracia, suplantaría además los procesos que en muchos casos en la actualidad corresponden a tribunales laborales. Sin embargo, tal y como está planteado el proyecto, permitiría que un simple chisme sea causal suficiente para el despido o remoción de funcionarios o dirigentes cooperativos.
De hecho, obliga a que las cooperativas de base se encarguen de conocer, tramitar, resolver, sancionar y dictar las medidas cautelares en los casos de denuncias por actos de violencia política contra la mujer, contrario a la Ley de Asociaciones Cooperativas.
Este ente suplantaría la competencia legal que ya tienen los órganos como la asamblea general, el consejo de administración y la gerencia general; quienes son los encargados de velar por que se cumpla con los códigos de conducta y disciplina, además de aplicar sanciones.
En esta iniciativa de ley se estipula que cada cooperativa también debe crear su propio proceso para determinar las sanciones internas.
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También se debe señalar los costos adicionales (tanto monetarios como de mano de obra) en los que podría incurrir una cooperativa con apenas 12 miembros; la cual deberá de hacerse cargo de crear una normativa interna, un ente que valore los casos y aplique las sanciones; aunado a ello debe cubrir los costos del acompañamiento legal y psicológico de una víctima.
Esto mientras el proyecto no aclara de donde vendrá el finianciamiento para cubrir esos gastos.
El marco de este proyecto también contempla un registro de sanciones de acceso público por violencia polítican contra las mujeres que en caso de ser acreditada, tendría un registro en el Infocoop y en el Inamu.
Las diputadas María Inés Solís, Karine Niño y María José Corrales interpusieron mociones para consultar sobre el papel de las cooperativas y eliminar su pertenencia a esa ley.
Además, el rango de manifestaciones de violencia se amplía tras la aprobación de reescribir el artículo 5 a la siguiente manera “Son manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la política, entre otras, las siguientes” así abarcando aquello que esté más allá de lo estipulado en la ley.
