Coopesalud R.L. acudió ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para interponer una denuncia contra la jefatura del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública.
Esto porque tras analizar el “Estudio de Razonabilidad De Precios” elaborado por el departamento mencionado, a cargo de Azyhadee Picado Vidaúrre, se incluye información falsa, con lo que se tienen resultados que no son exactos y por ende se tergiversa la realidad de los costos de los múltiples servicios que brindan las cooperativas de salud.
Es así como se da una afectación directa al proceso de adjudicación que en este momento está en entredicho, justamente porque se dice que los contratos tienen un sobreprecio, algo que no es cierto.
“Este uso de información falsa, se habría dado con la intención de simular un sobreprecio en los servicios de nuestra cooperativa, ocultando información que le permitiría a la CCSS un ahorro millonario y garantizar la continuidad de un servicio de la más alta calidad a los asegurados.”, aseguraron mediante un comunicado de prensas las autoridades de Coopesalud.
Justamente esa información que altera todos los resultados, es en lo que se basan las denuncias que han interpuesto algunos sindicatos y hasta la misma auditoria de la Caja y que está induciendo a error al Ministerio Público, con la realización de allanamientos y hasta detención de personas.
Además de que ha generado “enormes daños reputacionales y económicos, tanto a las cooperativas afectadas en el proceso de tercerización, como a las personas físicas relacionadas al mismo.”, señalaron.
Solo a manera de ejemplo, en las pruebas entregadas a la fiscalía se observa que se incluyen tablas de análisis de costos y en estas hay hechos falsos que usan y que definitivamente influyen en la generación de un falso sobreprecio.
“Es así como en las tablas de costos ignora y omite los ahorros para la Caja de ¢42 mil millones en 10 años solo en salarios y hasta ¢50 mil millones en ese mismo periodo de forma global. Evitar este ahorro e insertar información falsa en un documento público para simular un sobreprecio inexistente que induce a error a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la opinión pública, claramente contraviene los principios de interés público, probidad y sana administración.”, indicaron los representantes de la cooperativa.
Si bien con toda esta situación se afecta la reputación de las cooperativas y el proceso de adjudicación, lo más preocupante es que se está poniendo en riesgo la salud de los miles de costarricenses que son atendidos gracias a estos contratos.
“El daño que se ha hecho al proceso de adjudicación no solo afecta a las cooperativas, sino que impacta directamente en la seguridad jurídica y la continuidad del servicio para más de 587 mil personas. Confiamos plenamente en que el proceso judicial vendrá a clarificar lo sucedido en torno al contrato de servicios tercerizados.”, agrega Coopesalud.
Y es que por más de 38 años han sido las cooperativas las encargadas de 10 áreas de Salud, que representan 138 Ebais, que si no se adjudican, la Caja podría tardar hasta 15 años en poder contar con todo lo necesario para poder garantizar la calidad de servicio que reciben hoy.
Por ello se decidió tomar las acciones legales necesarias que permitan realmente esclarecer todo y que los asegurados tengan la tranquilidad de que seguirán teniendo el trato que merecen “Confiamos en el sistema jurídico de Costa Rica y llevaremos este proceso hasta las últimas consecuencias, para demostrar la verdad real de los hechos.”, concluyeron.
