Por Ovidio Vargas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción allanó el departamento de Proveeduría y Financiamiento de la Asamblea Legislativa, en horas de la mañana, debido a un supuesto pago por $340.170 por la contratación de un software.
Según lo detalló el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, se trata de un pago de ₡196 millones al tipo de cambio del momento de una compra hecha hace tres o cuatro años.
Por otra parte, la Fiscalía dice que de acuerdo al tipo de cambio, se trata de ₡225 millones.
El jerarca administrativo del congreso dijo no recordar exactamente el año cuando se hizo efectiva esa contratación, no obstante fue un proceso largo.
“Eso es un procedimiento largo, eso empieza alrededor de unos tres o cuatro años, tal vez unos tres años; es un procedimiento lento, porque no es un asunto de hallar y comprar, tome y ponga. Es un proceso de adaptación que duró por lo menos un año, donde estrictamente hay un fiscalizador quién es quien tiene que determinar si fue entregado a satisfacción”, dijo Ayales.
La aplicación de la discordia
El software obedece a una necesidad para el equipo de la Asamblea Legislativa, ya que los activos se registraban bajo “un sistema obsoleto” de código de barras, según la Proveeduría en ese momento.
“Es un software, intangible, que es para el control de activos, nostros teniamos previamente el código de barras que eran aquellas laminitas que se adherían a los activos, La Proveeduría consideró que el sistema ya era obsoleto, y que le dificultaba mucho tener el control de activos de la institución”, dijo Ayales.
El director ejecutivo de la Asamblea detalló que este pago fue hecho en tractos, de un proceso largo, bajo licitación.
Todavía no precisa exactamente cuál Directorio Legislativo (grupo de diputados que presiden el congreso) realizó la aprobación para la compra del software, porque es ese grupo quien decide si se aprueba.
El actual presidente del Directorio, Rodrigo Arias, también explicó el tema de la contratación de un sistema para la trazabilidad de activos y dejó en claro que se pusieron a disposición de las autoridades para facilitar su trabajo.
El allanamiento contó con la participación de agentes judiciales para ayudar en la labor del Ministerio Público.
