La comisión legislativa que investiga supuestas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) retomó sus audiencias este martes donde la Contralora General de la República, Marta Acosta, desde el inicio indicó que no hablaría de los casos judicializados.
“Aunque he sido convocada en calidad de testigo, existen límites infranqueables que son legales para referirnos a dos aspectos: aquellos relacionados con la privacidad de las actuaciones que se realizan en sede penal y que impiden discutir fuera de dicha sede el contenido de documentos remitidos como denuncias o informes técnicos, so pena de inobservar la ley y afectar el curso de las investigaciones, y aquellos relacionados con las investigaciones radicadas en sede administrativa”, expresó antes de que se iniciaran las preguntas.
Justamente hay muchas dudas en torno al caso barrenador y la actuación de la Contraloría, ya que la comisión que se encargó de este caso en tan solo cinco días hábiles revisó cientos de páginas del expediente y concluyó que habría un sobreprecio en los servicios que dan las cooperativas.
Pero no se dio cuenta de la manipulación que presentaba el informe elaborado por el Área de Costos de la Caja, donde las diferencias en los precios a favor de las cooperativas se cambiaron a cero.
Esto hizo que se abriera el caso en la fiscalía, pero la máxima autoridad del ente contralor no quiso referirse al tema.
Lo que si dijo es que “la tercerización es una decisión que puede tomar la administración con base en los estudios y las necesidades que tenga esta o cualquier otra administración, nosotros como Contraloría no tenemos una posición opuesta a este tipo de previsión de servicios en ninguna institución pública”.
Esto deja claro que la tercerización es un beneficio, y en el caso de las cooperativas que llevan más de 30 años administrando áreas de salud, está más que comprobado.