Por Ovidio Vargas.
Tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fiscal hace aproximadamente tres años, muchas instituciones públicas se vieron obligadas a pedir una salida de la regla fiscal, tras limitar su rango de acción a tal punto que se encuentran “asfixiadas”.
Entidades como el INEC, La Comisión Nacional de Emergencias y la JPS han logrado salvarse de la “socada de faja” al aumento en la inversión pública.
La regla fiscal restringe el crecimiento de los presupuestos en las instituciones públicas a un 4,6% (por ahora), de esta manera todos los ingresos que superen ese porcentaje pasa a la caja única del Estado, recursos que llegarán al Ministerio de Hacienda y serán utilizados para el pago de la deuda.
Instituciones afectadas por el límite al crecimiento de su presupuesto
En el caso más reciente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) tuvo que acudir a la Asamblea Legislativa para que se le permita realizar el Censo Nacional, ya que ante la limitante de su presupuesto, no podía girar los recursos necesarios (con dineros que ya posee la institución) para el estudio.
Se debe aclarar que el censo, al hacerse cada 10 años, la cantidad de dinero aumenta de forma sustancial en el presupuesto ya que no es un procedimiento estándar.
Tras la aprobación en segundo debate para eximir al INEC de someterse a la regla fiscal, la entidad estaría realizando el Censo Nacional en junio del 2022.
Al limitar el crecimiento del presupuesto, también se acorta los proyectos a desarrollar, se imposibilita la planificación a largo plazo porque no se puede utilizar ingresos generados por la entidad, sino lo que permita la regla fiscal.
El Servicio de Emergencias 911 es un tema recurrente entre los jefes de fracción y sus reuniones ya que la entidad proyecta un cierre técnico para el final de este año, si no se alivia la regla fiscal, por lo que el ente encargado de coordinar los cuerpos de primera atención no levantará ningún teléfono al menos que se evite formar parte del límite presupuestario.
₡634 millones es el recorte que sufrirá la institución (a pesar de que el superávit del 911 no se puede transferir al Estado para deudas) y a pesar de los ₡188 millones que aumentaron sus ingresos, sin embargo, los fondos no se pueden girar por el límite presupuestario.
La aplicación para celulares con el objetivo de brindar ayuda a personas que tengan habilidades auditivas diferenciadas también se tuvo que recortar, ya que el 911 no tiene recursos para mantener la operación.
Al igual que el Conacoop, desde el Servicio de Emergencias manifiestan que deben ser eximidos porque sus recursos no forman parte del presupuesto nacional.
La cláusula (válvula) de escape
A tal punto es lo asfixiante de la ley que la junta directiva de IAFA renunció el 21 de agosto tras no acordar una cláusula de escape para la entidad, el recorte de recursos en su presupuesto obligó a la entidad que combate la drogadicción a cerrar seis Centros de Atención Integral de Drogas, una unidad móvil y un Centro de Acogida en Cristo Rey; afectando a 5.800 usuarios.
Existen dos formas de pedir ayuda ante la regla fiscal, una a través de un proyecto de ley y la otra vía Poder Ejecutivo con una “válvula de escape”, ya que como se estipula en la legislación se podrá realizar excepciones durante una emergencia nacional (como la vivimos con la pandemia por covid-19).
Algunas entidades sí lograron obtener una excepción fueron la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Costarricense sobre Drogas, la UCR y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en el año pasado.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) enfrenta problemáticas tanto para abastecer los comedores escolares (por afectaciones al CNP) como para mantener las becas, según lo apuntó la ministra Giselle Cruz este servicio solo se podrá cubrir hasta el mes de septiembre del 2022.
Además, no se podrá aumentar el número de becas, aunque la situación económica del país indique que cada vez más jóvenes necesitarán de ayudas económicas.
Esto a pesar de las cláusulas de escape que emitió el Gobierno en agosto, la cartera todavía le cuesta hacerle frente a todo su funcionamiento.
Se proyecta que el próximo año la regla fiscal pase de un incremento del 4,6% a 1,96%
