La ONG coordinadora de la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en San José, exige mano dura en el CTP para los funcionarios y empresarios que permiten y promueven el servicio de autobuses sin que se cumplan con los seguros de ley.
El vocero de esta ONG, Hermes González, dijo a La Voz Cooperativa que la situación del servicio de transporte público es crítica y que cada día se pone en riesgo a miles de usuarios sin que se tenga certeza de cuál ruta tiene seguros y cuál no.
La Coordinadora de Derechos Humanos se manifestó en particular sobre la ruta 1507 que conecta Nicoya con San José, y que perdió el permiso de operar debido a múltiples irregularidades.
Estas irregularidades derivaron en el desamparo total de más de una veintena de usuarios que sufrieron un fatal accidente a la altura de Cambronero el pasado 17 de setiembre y donde fallecieron ocho ocupantes.
Tanto los sobrevivientes como los familiares de los fallecidos quedaron sin protección alguna de un seguro de vida ni de uno que velara adecuadamente por los daños a los pasajeros.
Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo del CTP, justificó la tardanza administrativa para finiquitar el proceso de sustitución de la misma.
Dicha ruta se ha visto afectado por servicios poco efectivos y por el fallecimiento de 8 personas, una veintena de lesionados, y personas con secuelas irreversibles.Dicho ingeniero manifestó que al ser un proceso abreviado tarda mucho, y que se ven limitados por la flota autobusera.
