Por Pedro Muñoz. Exdiputado de la República.
Costa Rica necesita una reforma eléctrica. La electricidad es un insumo fundamental para la competitividad, la inversión, el crecimiento de las empresas y el bolsillo de las familias. Cuando la electricidad es cara, el país entero pierde competitividad.
Por eso siempre he apoyado la necesidad de introducir más competencia en el sector eléctrico. Sin embargo, apoyar la competencia no obliga a apoyar cualquier proyecto de ley.
El expediente 23.414, conocido como Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, intentó abrir una discusión necesaria, pero dejó sin resolver algunos de los problemas más importantes del modelo eléctrico costarricense.
A mi juicio, tuvo tres debilidades fundamentales: La transmisión quedó fuera de la reforma
En cualquier mercado eléctrico moderno, la transmisión es la infraestructura que permite a la energía viajar desde quien la produce hasta quien la consume. Es la red que conecta a todos los participantes del sistema.
Podemos crear nuevos esquemas de generación, nuevos mercados de compra y venta de electricidad y nuevos mecanismos de contratación, pero si no existe una estrategia clara para la expansión de la red y para garantizar acceso abierto a esa infraestructura, la competencia queda limitada.
Dicho en términos sencillos: de poco sirve construir más vehículos si la carretera sigue teniendo los mismos cuellos de botella. La transmisión es la carretera del sistema eléctrico.
Mientras no exista una visión integral sobre acceso abierto, expansión de la red y reglas claras para utilizar la infraestructura existente, cualquier apertura del mercado corre el riesgo de quedarse a medio camino.
El problema no era la competencia, sino el diseño institucional
La segunda debilidad fue la incertidumbre institucional alrededor del operador del sistema.
Una reforma moderna requiere que quien administra el mercado no tenga conflictos de interés. Esa premisa es correcta. El problema es que el diseño propuesto no terminaba de responder con claridad cuál era la verdadera naturaleza jurídica del nuevo operador, cuáles serían sus límites y cómo se relacionaría con las instituciones existentes.
Las reglas de un mercado competitivo dependen de la confianza de sus participantes. Y la confianza exige instituciones claramente definidas.
Cuando las fronteras institucionales son difusas, aparecen las dudas jurídicas, los conflictos de competencias y la incertidumbre regulatoria.
Eso es exactamente lo contrario de lo que necesita una reforma que pretende atraer inversión de largo plazo.
Pero existía un problema adicional: el diseño podía generar cuestionamientos constitucionales sobre la naturaleza jurídica de ECOSEN. Durante la discusión legislativa surgió precisamente la tesis de que el proyecto podía requerir una mayoría calificada de 38 votos por la forma en que se configuraba el nuevo operador.
A mi juicio, la solución consiste en separar claramente tres conceptos: rectoría, regulación y operación técnica.
La rectoría debe seguir en el MINAE. La regulación tarifaria y de acceso debe seguir en ARESEP. La política energética nacional debe seguir siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Y el operador debe limitarse a funciones técnicas objetivas: despacho, coordinación del sistema, administración de mercados y supervisión operativa.
En otras palabras, el operador administra las reglas, no las crea. La diferencia parece sutil, pero es fundamental. Quien define la política energética debe ser el Gobierno. Quien regula tarifas y acceso debe ser la ARESEP y quien opera el sistema debe limitarse a aplicar, de manera neutral, las reglas definidas por los órganos competentes.
Bajo ese esquema es posible construir un operador verdaderamente independiente sin necesidad de crear una nueva burocracia con amplias facultades propias. Lo que se necesita es independencia técnica y funcional. No necesariamente una nueva autonomía institucional.
La meta debía ser sencilla: sacar al ICE del papel de árbitro sin crear un segundo Estado dentro del Estado.
Demasiadas decisiones quedaban para después: La tercera debilidad fue dejar demasiadas decisiones importantes fuera de la ley. Las reformas estructurales deben establecer en el texto legal los elementos esenciales del modelo. No basta con definir principios generales.
Los participantes del mercado necesitan conocer desde el inicio cómo funcionarán las reglas de acceso, cuáles serán sus derechos y obligaciones, cuáles serán los mecanismos para evitar capturas regulatorias y cuáles serán los límites de cada institución.
Cuando esos elementos quedan para reglamentos futuros o decisiones administrativas posteriores, aumenta la incertidumbre y disminuye la seguridad jurídica. La Asamblea Legislativa debe definir la arquitectura básica del sistema. No puede limitarse a aprobar un marco general y delegar las decisiones más importantes para después.
Una reforma que se note en el recibo
Lo anterior no significa abandonar el objetivo de una reforma eléctrica. Todo lo contrario. Costa Rica necesita más competencia, más eficiencia, más innovación, más inversión y menores costos para consumidores e industrias. Pero también necesita instituciones sólidas, seguridad jurídica y una visión integral del sistema.
La discusión de fondo nunca ha sido competencia versus monopolio. La verdadera discusión es cómo construir un sistema eléctrico más competitivo, más eficiente y moderno sin sacrificar estabilidad institucional ni claridad regulatoria.
Porque al final del día hay una prueba muy simple para medir el éxito de cualquier reforma: Si la reforma no se nota en el recibo de electricidad que llega todos los meses a la casa de los costarricenses, entonces la reforma no resolvió el problema
