Por Esteban Valverde. Abogado.
El artículo 24 de la Ley 9931 representó un avance importante para el Instituto Nacional de Aprendizaje. Le permitió nombrar a su propio personal sin depender del Servicio Civil, y en el tiempo que estuvo vigente se notó la diferencia: procesos de contratación que antes tardaban meses empezaron a resolverse en semanas. Sin embargo, la Sala Constitucional, mediante el voto 2023-031179, anuló esa reforma y devolvió al INA a 1983.
Lo que se había ganado se perdió. Ahora no solo toca recuperar ese terreno, sino atreverse a ir más lejos.
Porque la verdad es que aquella reforma, con todo lo positiva que fue, se quedó corta. Resolvió el tema de los nombramientos, pero dejó intacto un problema muy concreto: los horarios.
El INA sigue funcionando con lógica de oficina pública, con clases en horarios fijos que no se ajustan a la realidad de un país donde las empresas operan en turnos rotativos las veinticuatro horas.
Si de verdad queremos renovar la formación técnica, necesitamos abrir la puerta a clases en horarios continuos, a contratos de medio tiempo y de cuarto de tiempo que permitan traer a enseñar a profesionales que hoy trabajan en zonas francas y en empresas privadas. Ese talento tiene el conocimiento actualizado que el mercado necesita, pero no puede acercarse al INA si la única opción es dejar su empleo principal.
No se trata de inventar nada nuevo; desde varios sectores productivos ya se viene pidiendo esa flexibilidad con urgencia.
Hay otro tema de fondo que merece atención. El INA mantiene una estructura organizacional basada en doce núcleos que se definieron en 1994. En ese momento, Costa Rica apenas había firmado su primer tratado de libre comercio, con México, y las grandes empresas de tecnología aún no habían llegado al país.
La economía de hoy es otra. Por eso tiene sentido evolucionar hacia un modelo de cuatro grandes áreas interconectadas donde la formación técnica venga acompañada, desde el inicio, de inglés y otros idiomas con demanda en mercados emergentes. Un técnico que domina su oficio, pero no maneja el idioma que le exige el puesto mejor pagado se queda a medio camino. Integrar ambas cosas no es un lujo, es una necesidad.
El nuevo Estatuto de Empleo Público del INA, expediente 25.724, va en buena dirección. Restablece garantías de mérito y estabilidad, y abre la posibilidad de contratar por tiempo definido cuando las circunstancias lo requieran. Es deseable que esa flexibilidad se enfoque en los puestos docentes, donde la agilidad para incorporar talento externo resulta más necesaria.
El INA lleva una llave en su logo y se presenta como la llave del progreso. Ojalá esta reforma sirva para honrar ese compromiso, porque las llaves del pasado no abren las puertas del futuro.
