Redacción. – El Gobierno formalizó la presentación de un primer paquete fiscal ante la Asamblea Legislativa.
Las propuestas fueron presentadas por el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Carvajal Porras, y el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes. Según explicaron, el paquete contempla ajustes en la operación de Hacienda y nuevas disposiciones que impactarían a importadores, comercios e instituciones del Estado.
Reformas al IVA
El primer proyecto es el 25.735 y reforma al artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para devolver dicho tributo a personas en condición de pobreza que compran útiles escolares, uniformes, y equipos tecnológicos (computadoras, tabletas o celulares).
Dichas personas deberán pagar mediante tarjeta de débito y además, deberán estar registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
“(…) El eje central de esta reforma es la población de menos recursos, para facilitarle el acceso a bienes necesarios para la educación y el estímulo económico suficiente para soportar los gastos en los que incurren los hogares que se encuentran en los deciles de pobreza, al momento de destinar recursos para la compra de útiles escolares y aparatos tecnológicos que resulten necesarios para el aprendizaje de los estudiantes que se encuentran dentro del sistema de educación formal”, señala el texto de ley.
El texto establece que el Ministerio de Hacienda definirá por vía reglamentaria el método de cálculo del tope máximo del monto de compra sujeto a la devolución del impuesto.
Además, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Hacienda deberán establecer los mecanismos de control y los procedimientos administrativos necesarios para gestionar el reintegro de los recursos otorgados en caso de que un hogar o persona haya accedido al beneficio sin cumplir con los requisitos o condiciones establecidos por el IMAS.
Ajustar umbral aduanero
El segundo proyecto de ley (expediente 25.736) plantea una reforma sustancial a la Ley General de Aduanas (Ley N.º 7557).
Así, el objetivo de esta iniciativa es “fortalecer los mecanismos de control existentes”, “combatir de manera más efectiva el contrabando y la defraudación incluyendo nuevas tipologías delictivas”, “establecer un sistema sancionatorio proporcional y disuasivo”, y “modernizar el procedimiento administrativo aduanero, haciéndolo más ágil, eficiente y acorde con el entorno digital”
En concreto, se busca ajustar el umbral del delito a $20.000,00 en sustitución del monto actual $5.000,00), debido a que, según el Gobierno” este último ha quedado desactualizado, frente al dinamismo del comercio y la evolución de la actividad económica”.
En materia de control local, el texto faculta a las autoridades a clausurar los comercios que vendan mercancía sin respaldo de ingreso legal al país. Para evitar la evasión mediante la apertura de nuevas sociedades o locales, la norma permitirá aplicar la sanción de cierre incluso si la actividad se traslada a una dirección o razón social distinta.
La iniciativa también contempla un régimen de incentivos para el cumplimiento voluntario: los importadores que corrijan inconsistencias antes de una fiscalización quedarán exentos de multas, mientras que quienes acepten los ajustes durante el proceso recibirán rebajas del 50%. De igual forma, se agiliza la destrucción de mercancías decomisadas que representen riesgos para la salud o el medio ambiente.
Mayor control en aduanas
El último proyecto autoriza a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda a ajustar, de oficio o a solicitud de parte, el valor fiscal de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves para equipararlo con su valor de mercado.
La iniciativa surge luego de que el Ministerio detectara vehículos ingresados al país cuyos valores declarados ante Aduanas estaban por debajo de su precio real.
Según Hacienda, esta subvaloración distorsiona la base imponible del impuesto sobre la propiedad de vehículos (IPV) y reduce directamente la recaudación tributaria, debido a que algunos contribuyentes terminan pagando menos de lo que les corresponde.
Hacienda estima que esta práctica ha provocado que el Estado deje de percibir alrededor de ₵2.455 millones.
