En un contexto donde la rentabilidad suele imponerse como único criterio de éxito, la economía social y solidaria plantea una ruptura necesaria. Propone una manera distinta de hacer economía, en la que el trabajo, la cooperación y el compromiso con la comunidad tienen más peso que la acumulación de capital. No se trata de rechazar la actividad económica, sino de redefinir sus prioridades.
En Costa Rica, esta forma de hacer economía no es ajena ni reciente. Por el contrario, ha sido parte estructural del modelo de desarrollo nacional durante décadas. El cooperativismo, el solidarismo y diversas iniciativas comunitarias han contribuido de manera decisiva al desarrollo rural, al acceso a servicios financieros, a la electrificación, a la producción agroalimentaria y a la generación de empleo en territorios donde el mercado tradicional y el Estado han tenido una presencia limitada. Sin embargo, pese a esta trayectoria, la economía social y solidaria suele ocupar un lugar secundario en el debate económico actual.
En los últimos años, la discusión pública ha estado dominada por temas como el crecimiento económico, la estabilidad fiscal y la atracción de inversión extranjera. Sin duda, estos elementos son relevantes. No obstante, el énfasis casi exclusivo en los
indicadores macroeconómicos ha dejado en segundo plano una pregunta fundamental
¿Cómo se traduce ese crecimiento en mejores condiciones de vida para la población? El aumento del costo de vida, la informalidad laboral y la desigualdad territorial muestran que el crecimiento, por sí solo, no garantiza bienestar.
Es precisamente en este punto donde la economía social y solidaria cobra una importancia estratégica. A diferencia de los modelos empresariales centrados en la rentabilidad inmediata, estas organizaciones operan con una lógica de largo plazo. Su objetivo es sostener proyectos económicos viables que generen empleo digno, fortalezcan las comunidades y contribuyan al desarrollo local. En un país con fuertes disparidades entre regiones, esta característica resulta especialmente relevante.
Las cooperativas y organizaciones solidarias han demostrado una notable capacidad de adaptación frente a crisis económicas y sociales. Durante periodos de desaceleración, han mantenido empleos, y priorizado la estabilidad de sus asociados. Esto no significa ausencia de dificultades, sino una forma distinta de gestionarlas, donde las decisiones se toman de manera colectiva y considerando el impacto social de cada acción.
Otro elemento central es la calidad del empleo. En un mercado laboral marcado por la precarización, los contratos temporales y la informalidad, la economía social y solidaria ofrece condiciones laborales más estables y participativas. Las personas no son vistas únicamente como fuerza de trabajo, sino como actores con voz y voto en la organización.
Esta participación fortalece el compromiso, reduce la rotación laboral y genera un sentido de pertenencia que difícilmente se logra en estructuras empresariales tradicionales. El componente ambiental también adquiere un peso particular en el contexto costarricense.
El país ha construido una imagen internacional asociada a la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, esta narrativa convive con prácticas productivas que presionan los ecosistemas y afectan a comunidades locales. La economía social y solidaria, al estar profundamente arraigada en el territorio, tiende a integrar el cuidado ambiental como parte de su lógica productiva. No se trata de un discurso, sino de una necesidad: sin entorno sano, no hay comunidad ni actividad económica sostenible.
Desde una perspectiva democrática, este modelo plantea una discusión de fondo sobre quién decide en la economía. En un contexto donde muchas decisiones económicas se toman lejos de las comunidades afectadas, la economía social y solidaria devuelve capacidad de decisión a las personas. La participación en la gestión económica fortalece la ciudadanía, fomenta la transparencia y contribuye a una cultura de corresponsabilidad que trasciende el ámbito productivo.
A pesar de sus aportes, también se presenta obstáculos significativos. El acceso al financiamiento sigue siendo limitado, la visibilidad pública es reducida y las políticas económicas suelen favorecer a actores de gran escala. Con frecuencia, estas iniciativas son tratadas como complementarias o asistenciales, en lugar de ser reconocidas como un componente estratégico del desarrollo nacional.
Este enfoque limitado representa una oportunidad y, fortalecerla no implica rechazar la inversión privada ni el crecimiento económico, sino diversificar el modelo de desarrollo y hacerlo más resiliente. Apostar por una economía que combine eficiencia económica con justicia social no es una posición ideológica extrema, sino una respuesta pragmática a los desafíos actuales.
La pregunta que Costa Rica debe hacerse no es -si puede permitirse- fortalecer la economía social y solidaria, sino si puede permitirse no hacerlo. Persistir en un modelo que produce crecimiento sin bienestar suficiente tiene costos sociales y territoriales cada vez más evidentes. En cambio, reforzar las iniciativas que ponen a las personas en el centro permite reconectar la economía con su propósito fundamental: mejorar la vida de quienes la sostienen.
Por eso, en un contexto de incertidumbre económica, social y ambiental, la economía social y solidaria ofrece coherencia entre valores y prácticas. No promete soluciones inmediatas ni milagros económicos, pero sí un camino probado, con raíces profundas en la historia nacional y con un enorme potencial para construir un desarrollo más inclusivo, más democrático y más humano. Hoy, más que nunca, esa discusión merece ocupar un lugar central en la agenda pública.
