La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acogió los documentos que demuestran que no existen sobreprecios en los contratos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las Cooperativas de Salud, por el contrario, se acreditó una manipulación de la información que finalmente sirvió de base para el desarrollo del denominado caso Barrenador.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público indicó que “de conformidad con el artículo 198 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ordenó el secuestro de dicha prueba para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal”.
Esta información es vital, pues pone en evidencia las tablas de costos que ocultó el Área de Contabilidad de Costos de la Caja, previo a publicar un informe donde se señalan supuestos sobreprecios, validados en tiempo record (VER NOTA APARTE) por un equipo de la Contraloría General de la República.
Con su accionar, los agentes del Ministerio Público reconocieron que esta documentación era totalmente desconocida, pues nunca estuvo en el SICOP.
Es decir, el Ministerio Público realizó allanamientos y botó portones, con base en información que estaba en línea, y no profundizó en los expedientes ni en la generación de documentos previos que dieron pie a la investigación tal cual.
Ante esta situación, la Fiscalía de Probidad, ahora tiene en sus manos la evidencia de que desde el Área de Contabilidad de Costos se realizó un ocultamiento de los números reales que demuestran que no se dio un sobreprecio en los procesos, según quedó evidenciado en información revelada por Multimedios Canal 8 en un reportaje de entregas dado a conocer en la segunda semana de diciembre.
La información revela un manejo de información donde se induce a una lectura que solo señala costos más altos de parte de las cooperativas, cuando la realidad es el alto costo que representa a la CCSS asumir dichos servicios.
Un análisis realizado por Coopesalud R.L, con base en la nueva evidencia, revela que la CCSS lograría un ahorro importante en caso de que se adjudicara la administración de 138 Ebais a Cooperativas y asociaciones, tal y como ha venido sucediendo desde que este servicio de tercerización se implementó en el país en 1987.
Ahora el Ministerio Público, con el conocimiento de nuevas evidencias deberá determinar a los responsables y el motivo por el que se dio la alteración de ese documento como lo dio a conocer la investigación periodística.
Si bien la Fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS que los “documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costos en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en SICOP, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema”, el Ministerio Público no puede obviar la existencia de los documentos de trabajo que fueron manipulados previo a subir la oferta trucada al sistema de compras del Estado, señaló el abogado de Coopesalud, Coopesana y Coopesain, el Lic. Sergio Castillo.
Para Castillo existe una evidente intención de parte de funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de inflar los números y de hacer creer a las autoridades que existía un sobreprecio que en realidad no se da.
Esta situación se vio agravada, por cuanto, en tiempo récord, la Contraloría General de la República dio validez al informe trucado de la Caja, a insistencia del Ministerio Público por conseguir validación técnica.
El abogado Castillo recalcó que no es usual el hecho de que el Ministerio Público no se apoyara en los peritos y equipos especializados del Organismo de Investigación Judicial para estos efectos.
SINDICATOS DETRÁS Y DELANTE DEL CASO
Uno de los elementos clave para comprender el impulso al caso Barrenador es el papel de los sindicatos, tanto de la Caja como del Ministerio Público.
Las denuncias, si bien presentadas también por la auditoría interna de la Caja, fueron impulsadas por sindicalistas de peso.
Tanto Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), como Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), impulsaron las denuncias en contra de la contratación de las cooperativas.
El celo gremial que existe dentro de los sindicatos, al señalar que la tercerización es una forma de privatización, ha alimentado sus discursos a lo interno de la Caja para oponerse a la tercerización.
De hecho, la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, Azyhadee Picado, es militante de Anep y fue quien impulsó y firmó el informe con cifras erróneas, al tiempo que omitió los ahorros que la institución acreditaría en caso de que se ejecutara la adjudicación a las cooperativas de salud.
Cabe resaltar que esta funcionaria ya está denunciada penalmente por Coopesalud, una de las cooperativas que se han visto afectadas con las denuncias y el manejo de información manipulada.
Luego de que se diera a conocer la información que se ocultó desde el Área jefeado por Azyhadee Picado, el silencio ha sido la única respuesta de los sindicalistas, sobre todo ahora, que la prueba nueva y que salió precisamente de esa dependencia, pone en la cuerda floja y a punto de caer, al denominado caso barrenador, que podría quedar enterrado el próximo año.
