Tras siete meses de espera por una resolución del Contencioso Administrativo, para poder implementar la tecnología 5G por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el presidente del la República, Rodrigo Chaves envió un mensaje al presidente de la Corte Orlando Aguirre.
“Este es un caso en que el Poder Judicial debe demostrar que merece un módico de confianza, porque siete meses de atraso sobre un tema fundamental para el país que se le asignó de parte del Poder Judicial a un juez itinerante, que no tiene especialidad técnica, y que esto se debía haber resuelto en horas, sino días, y llevamos siete meses favoreciendo los intereses de una transnacional extranjera. Don Orlando Dígale al juez y dígale a sus colegas que sí, este es un momento para que demuestren que merecen la confianza el pueblo de Costa Rica”, dijo Cahves.
Esto porque la implementación de dicha tecnología se mantiene varada debido a esta situación que fue presentada por dos sindicatos del ICE.
Incluso ya la Sala IV y otro contencioso, dieron la razón al gobierno sobre el “Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”.
La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes explicó que “Huawei presenta un Recurso de Amparo y una Acción de Inconstitucionalidad ante el decreto, el cual fue rechazado por la Sala Constitucional. Acto seguido ante el Contencioso Administrativo presenta una medida cautelar que también es rechazada por el juez, y actualmente nada más queda la media cautelar solicitada por dos sindicatos del ICE que 7 meses más tarde sigue sin que el juez que la está llevando la resuelva”.
La jerarca destacó que esto está poniendo en desventaja al ICE ante las otras dos empresas que operan en el país no tienen ninguna restricción para que puedan implementar la tecnología que vienen a mejorar el funcionamiento de las telecomunicaciones.
Bogantes recalcó que la Sala IV fue muy clara en darles la razón en que el gobierno puede poner el reglamento que consideren necesario para el bien del país.