Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron de forma positiva el expediente 22.278, que aclara y da seguridad jurídica sobre los recursos que debe transferir el Infocoop al Conacoop y al Cenecoop.
Esto de manera que se clarifique a través de una reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Infocoop, Ley N.° 4179, de 22 de agosto de 1968, y sus reformas.
De esta manera y tal y como lo explicó semanas atrás el director de operaciones del Consejo Nacional de Cooperativas, Roy Rodríguez Zárate, se podrá crear una transferencia dineraria con el propósito de que el Infocoop traslade de su presupuesto de capital y operaciones, un porcentaje para el Conacoop y otro para el Cenecoop R.L para el cumplimiento de sus fines y funciones legales.
El expediente Nº 22278 “Ley para la creación de la transferencia de recursos para el Consejo Nacional De Cooperativas (Conacoop) y para el Centro De Estudios Y Capacitación Y Educación Cooperativa (Cenecoop R.L.) por parte del Instituto Nacional De Fomento Cooperativo (Infocoop)” ya tiene el visto bueno de los legisladores y solo resta que el dictamen pase al plenario para su aprobación.
¿Y para qué sirven estos recursos?
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, el Estado ya había previsto un aporte por medio de la transferencia prevista en la Ley 7040, correspondiente al 1,5% de los ingresos del Infocoop.
Estos recursos tiene como destino “el apoyo a las labores de representación y defensa del Conacoop y el financiamiento de los programas educativos y de transferencia tecnológica desde el Cenecoop R.L., a las cooperativas de base”, reza el plan de ley.
Estos recursos permiten, entre otras cosas, “el apoyo al cooperativismo en las gestiones políticas relacionadas con las modificaciones de leyes que afecten al sector, el acompañamiento a las cooperativas en sus gestiones frente a organismos públicos o privados, la realización de los procesos electorales internos, la formación de los dirigentes cooperativos en gestión, legislación, procesos administrativos y evaluación que son competencias críticas a desarrollar con el propósito de proteger los aportes de sus personas asociadas y de maximizar el impacto de las cooperativas en sus comunidades”.
