Esteban Mata.- La agenda del Gobierno en el Congreso y el aumento de impuestos siguen tropezando a lo interno de la Asamblea Legislativa, en este caso, el proyecto de ley 22369 que aumenta la renta de capital y genera impuestos sobre el salario y el salario escolar, chocó de frente con la Contraloría y diputados.
Así quedó de manifiesto en la sesión legislativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos del martes 27 de julio, en la cual compareció el subcontralor general de la República Bernal Aragón, donde pese al aplauso inicial por una iniciativa de más impuestos, el vocero de la Contraloría terminó aceptando que hacen falta datos de parte de Hacienda para promover la norma de ley.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos coincidieron en esta observación, incluso la oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, se sumó a los cuestionamientos sobre el proyecto de ley.
“Me interesa dejar constando en actas tres observaciones que nos hace la Contraloría: El Poder Ejecutivo no nos ha presentado un informe de los rendimientos esperados (sería oportuno que se le haga esa petición al ministerio de Hacienda)”, dijo la legisladora.
En segundo lugar, la diputada cuestionó que no se debe “considerar solamente el impacto fiscal directo sino la afectación en sectores económicos. Aspecto que la ministra de Planificación se comprometió a enviarnos y hasta este momento no lo ha hecho”.
La diputada recalcó que se dificulta tomar una decisión “cuando menos responsable” si no tienen los datos que se les ha solicitado.
La legisladora oficialista expresó que ni el Ministerio de Hacienda ni la Contraloría General de la República han proyectado un balance sobre los efectos de la ley.
REGLA FISCAL A REVISIÓN
Asimismo, la legisladora cuestionó a la Contraloría en el sentido de que el órgano contralor busca la necesidad de incorporar a los presupuestos públicos la problemática ambiental, sin embargo, la regla fiscal es un elemento que es contraproducente.
“Hay un choque importante, porque la regla fiscal justamente lo que más afecta son presupuestos de la comisión de emergencias, temas de áreas protegidas, del ministerio de Ambiente y la institucionalidad de choque contra el cambio climático.
La Contraloría no da “márgenes de flexibilidad” para algunos temas, pero “la regla fiscal nos imposibilita tener una acción climática digna.
“En materia climática sería necesario repensar esa regla fiscal”, dijo Vega.
Ante esto, el subcontralor aceptó que hace falta tener más información sobre los resultados que podría arrojar la implementación de este proyecto como una ley.
“Es necesario que se evalúe el efecto del impuesto de rentas de capital, así como su efecto en el déficit fiscal”, dijo el subcontralor y aceptó que no hay rendimientos y cálculos sobre los ajustes planteados.
“El proyecto contribuye y brinda relevancia a la discusión sobre gasto tributario y como, a partir de su rediseño, se puede construir un diseño tributario más simple y más fácil fiscalización.
En el caso de mantener exoneraciones y beneficios fiscales, estos deben cumplir con criterios de eficiencia, cumplimiento de objetivos cuantificables y el establecimiento de una temporalidad, con el fin de no extender los beneficios más allá de lo necesario”, dijo.
En tanto, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, consideró que sin datos sería irresponsable que se tome una decisión sobre el expediente.
“Está claro que faltan datos”, dijo el frenteamplista, quien se mostró especialmente crítico sobre el impuesto al salario escolar y el aumento en la renta a los trabajadores.
“Respecto a los otros componentes de este proyecto, la modificación en rentas de capital, ustedes no emiten ese juicio de valor y no dicen si consideran que los cambios son más equitativos. En ese punto son más cautelosos. En esta Asamblea hay una tendencia a cargar la mano sobre las rentas de los trabajadores”, dijo Villalta.
El diputado cuestionó que hay una carga tributaria sobre los trabajadores y los productores a la que la misma Contraloría le hace el guiño, aunque no tenga datos.
“Ven bien impuestos al salario y se adelantan a pesar de la falta de datos a emitir un juicio de valor, pero sobre otros cambios como impuesto a remesas al exterior o las rentas de capital no emiten criterios”, cuestionó Villalta.
