Diego Arce.- La empresaria de la construcción Mélida Solís, estaría siendo referida al centro penitenciario Vilma Curling, también conocido como Buen Pastor, este mismo lunes, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.
La orden que se ha dado entre los funcionarios del sistema de cárceles es que esta persona debe ser tratada “como a cualquier persona común y corriente, sin beneficios ni diferentes tratos” para la mujer de 61 años de edad. protagonista del caso conocido como “Cochinilla”.
El 30 de junio pasado, las privadas de libertad de este centro penitenciario protestaron y generaron un conato de incendio ante supuestos tratos preferenciales hacia Solís.
La empresaria llegó esta mañana a los tribunales de Justicia en Goicoechea junto con su abogado, Francisco Campos, el esposo de la exfiscal general Emilia Navas (quien debió renunciar por su relación sentimental y la incompatibilidad con su cargo) a ponerse a las órdenes de los jueces, luego que el Tribunal de Apelaciones aceptara la petición de la Fiscalía de invalidar la fianza de $3 millones que había depositado días atrás.
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Además de Solís, el empresario y presidente de la constructora Meco, Carlos Cerdas, debió ser presentado ante los tribunales para un procedimiento similar.
A Cerdas también se le invalidó la fianza que había sido aprobada preliminarmente como parte del proceso por el caso Cochinilla, por lo que deberá descontar, igual que Solís, cuatro meses de prisión preventiva.
En el caso de Cerdas, la situación carcelaria no es tan clara, pues el hacinamiento de centros penitenciarios no ha permitido que las autoridades tengan claridad sobre a cuál centro penitenciario enviarlo.
Cerdas y Solís son los principales investigados en el caso por supuestos sobornos de los que habrían participado funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad en los últimos años, para conseguir el descuento y pago de facturas adelantadas por contratos de obra pública en todo el país.
Una investigación del OIJ filtrada a medios de comunicación, puso en evidencia las técnicas que habrían utilizado tanto Solís como gerentes de Meco para favorecer a sus empresas a cambio de dinero y regalías a empleados del Conavi.
Datos preliminares señalan además que el pago de dádivas se realizaba para acelerar el pago de facturas por obras, sin embargo, también se habría incurrido en acciones que iban desde el pago de ayudas y servicios sexuales hasta la influencia política de Mélida Solís sobre el Ministro de Obras Públicas, los altos cargos del Conavi y personeros de mandos medios.
Esto habría permitido mover cerca de ¢78.000 millones de una obra a otra según las necesidades de construcción del Gobierno para las obras a cargo de Solís y Meco.
