En medio de un clima de incertidumbre y oposición, el proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica (BCR) ha encendido -nuevamente- el debate nacional sobre el futuro de una institución clave en el desarrollo económico y social del país.
En noviembre del año pasado, la Asamblea legislativa, rechazó, de forma unánime, el expediente 23.331. Esto, además de reflejar la complejidad de la situación y el llamado a priorizar un ordenamiento de las finanzas del país antes de considerar la venta de activos estatales tan significativos; llevó a la fracción oficialista a la redacción de una tercera propuesta, la cuál está lista para ser presentada ante la corriente legislativa.
El presidente Rodrigo Chaves, a inicios de su administración, expresó que podrían obtenerse más de $1.700 millones con su venta, que servirían para paliar la deuda del país.
Espíritus amputados
Con 144 años de historia, el BCR no solo se destaca por ser el banco más antiguo y uno de los principales contribuyentes a cargas parafiscales, sino también por su papel fundamental en el apoyo a las cooperativas y organizaciones sociales.
La propuesta que busca transformar y vender el banco en su totalidad, ha generado preocupación entre los sectores cooperativos, temiendo un impacto negativo en el acceso a financiamiento y en la promoción del desarrollo cooperativo, vital para muchas comunidades.
Según UNEBANCO, sindicato del BCR, de 2017 a julio 2022 el aporte de la institución en cargas parafiscales superó los ₡132 mil millones; destinados a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, el cual -en caso de suspender el aporte- profundizaría lo crítico de su estado.
A esto se suma la alarma por la posible pérdida de valor de la institución, cuestionando la eficacia de una “venta por partes”.
Con este contexto, el debate sobre la venta del BCR no solo pone en juego la identidad y el patrimonio nacional, sino también el sustento de las cooperativas y el bienestar social que estas promueven.
Pocos frutos ante el congreso
El proyecto continúa teniendo el mismo problema de inconstitucionalidad, debido a que el BCR es una institución autónoma, dada así por la Constitución de la República, declaró Kattia Rivera, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Lo que más preocupa es que el proyecto incluye, en esta versión mejorada, una ley mordaza, pues propone que la venta se haga aplicando una clausula, durante todo el proceso de negociación que, ninguna persona relacionada, de información respecto al proceso de venta”, agregó Rivera.
La verdiblanca asambleísta, cuestionó el -supuesto- secretismo con la venta de activos del estado y la insistencia del Gobierno en este tema que, para ella, es bastante impopular.
Mientras unos ven la propuesta de ley como un sentimiento anti-Estado para beneficiar a unos cuantos del sector privado, hay miembros de la oposición que defienden el proyecto. Tal es el caso del Liberal Progresista, Eli Feinzaing, quien propuso la venta del banco en su campaña electoral para que -presuntamente- se promoviera mayor eficiencia y competencia en el Sistema Bancario Nacional. No obstante, el liberal ha cuestionado algunos aspectos del proyecto.
El BCR es una de las entidades financieras con más oficinas a lo largo del territorio costarricense, con más de 150 oficinas y posee más de 4 mil empleados, de los cuales, 662 trabajan fuera de la GAM.
